Esta causa de muerte y lesiones no natural es evitable por su propia definición ya que proviene del comportamiento social (individual y colectivo, y hasta “institucional”). Sus características también lo definen como un “problema complejo” que no resolverán soluciones “simples”. Ahora bien, “articular” acciones en un programa complejo que pretenda erradicar el problema o minimizar sus consecuencias en el tiempo, requiere de una “gestión” cuyo liderazgo necesariamente debe ser asumido por el Estado (independientemente de la voluntad o capricho del gobierno de turno), ya que se trata del interés más general. Y esto necesariamente debe responder a una “política de estado”.

Dicha “gestión”, liderada por el Estado, debe instrumentarse mediante un programa que contemple procesos y procedimientos, ordenados hacia objetivos de corto, mediano y largo plazo, contando con la asignación responsable de recursos humanos y materiales.

Las políticas públicas no se declaman; se planifican, se presupuestan, se ejecutan, se evalúan, se rinde cuentas, se corrigen.

El usuario de la vía pública puede pensar que el problema se soluciona simplemente con sanciones o con mayor educación, el empresario puede sostener que la inseguridad vial le resta ganancias o le genera pérdidas. EL ESTADO NO.

El Estado, por definición y naturaleza, no puede sostener una mirada individual, sino colectiva y de bien común.

El Estado, por definición y naturaleza, no gestiona “lo privado” sino “lo público”. La ganancia o pérdida no se mide en moneda primariamente, sino en vidas y muertes, en salud y enfermedad.

Insistimos: se trata de la principal causa de muerte y lesiones no natural de los integrantes de nuestra sociedad. La gravedad “objetiva” que plantea la problemática de la seguridad vial, colocando a sus consecuencias nefastas muy por encima de otras causas de muertes y lesiones no naturales (Ej.: inseguridad delictual), determina la obligación del Estado (independiente del gobierno de coyuntura) de asumir una responsabilidad seria y profesional de contención de las víctimas y de encauzar su accionar a la erradicación del problema o la minimización de sus consecuencias.

El ESTADO (nacional, provincial, municipal) no puede ni debe “naturalizar” esta enfermedad social.

QUE EL CIUDADANO, EN SU “INCULTURA VIAL”, NO PERCIBA SU RIESGO INDIVIDUAL Y FAMILIAR, DE NINGUNA MANERA JUSTIFICA AL ESTADO PARA NO PERCIBIR EL RIESGO COLECTIVO Y SOCIAL.

CADA HORA, CADA DÍA DE INACCIÓN EFICIENTE SE MIDE EN VIDAS.

Consejo Directivo ISEV
Buenos Aires 9 de junio de 2016
Dr. Eduardo Bertotti
Director ISEV